El piloto de taser que reabre una pelea vieja
Un arma que el Estado compró hace años, nunca desplegó y dejó vencer vuelve al centro del debate: el Gobierno anunció en febrero de 2025 un plan piloto para que Carabineros use taser en casos de violencia intrafamiliar en la Región Metropolitana. Serán 30 equipos —no todos operativos—, con protocolos que incluyen advertencia previa, prohibición de apuntar a zonas sensibles del cuerpo y restricción total respecto de menores de edad, según detalló el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
La decisión abrió fuego cruzado. El político chileno Desbordes cuestionó la idea de “probar” un arma que —dice— ya está validada y es usada por policías en otros países. Su crítica tiene dos ejes: duda del sentido de un periodo de testeo y acusa que, detrás de la cautela oficial, pesan presiones del Frente Amplio y el Partido Comunista. El trasfondo es más amplio: quién define la política de uso de la fuerza y con qué ritmo se implementa.
¿Por qué un piloto? En La Moneda apuestan por un despliegue acotado que permita medir en terreno procedimientos, supervisión y capacitación antes de una expansión mayor. En seguridad, la distancia entre manuales y calle es grande: cada paso tiene efectos en entrenamiento, fiscalización interna, registro de incidentes y sanciones. Un piloto, bien diseñado, sirve para ajustar antes de masificar.
La historia pesa. Las primeras compras de estos dispositivos se hicieron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Costaron caro —125 millones de dólares, según registros públicos citados por autoridades en su minuto—, pero nunca se usaron y caducaron por su vida útil de cinco años. Años después, Carabineros dispone de 30 unidades, con parte del parque fuera de servicio. La estampa es difícil de defender: gasto hundido, oportunidad perdida y un símbolo de la descoordinación que el sistema no logra cerrar.
El foco en violencia intrafamiliar no es casual. Son procedimientos de alto riesgo, en espacios cerrados, con agresores muchas veces alterados y víctimas bajo estrés. Ahí se decide en segundos la escalada o desescalada. Un dispositivo eléctrico puede ser una herramienta intermedia entre la fuerza física y el arma de fuego. La pregunta es cómo, cuándo y bajo qué controles se usa para que sea un apoyo y no un problema.
La experiencia internacional ofrece pistas, no recetas. En varios países europeos y en ciudades de América del Norte, estos dispositivos se incorporaron con reglas estrictas de reporte, supervisión médica tras su uso y revisión posterior independiente cuando hay denuncias. También hay controversias: lesiones, fallas técnicas y casos en que su despliegue fue cuestionado por uso anticipado o desproporcionado. Ese es el equilibrio que Chile intenta calibrar.
El Gobierno acota el piloto a un ámbito claro —violencia intrafamiliar en la RM— y lo ata a protocolos conocidos: anuncio verbal antes de usar, prohibición sobre zonas sensibles y resguardo hacia menores. Falta por despejar la letra chica: criterios de activación, exigencias de registro audiovisual, almacenamiento de datos, auditorías externas, reporte público de eventos y un sistema de quejas con trazabilidad. Es la diferencia entre un piloto que prueba equipos y uno que prueba gobernanza.
Desbordes insiste en que no hay nada que probar porque el dispositivo ya existe, se usa y está validado fuera. Su punto conecta con otro debate: a qué ritmo avanza Chile en dotar a Carabineros de herramientas intermedias. La derecha empuja por acelerar. En el oficialismo conviven posturas: hay quienes ven en estas armas una capa de protección para funcionarios y ciudadanos, y otros que temen “normalizar” su uso sin controles robustos. Es política, pero también diseño institucional.
Hay un segundo plano menos visible: formación, mantenimiento y logística. Operar estos equipos exige entrenamiento específico, protocolos de cuidado de baterías y cartuchos, y una cadena de custodia para los dardos que permita reconstruir cada intervención. Sin esos básicos, cualquier despliegue se vuelve frágil. Y si el Estado ya tuvo un lote que caducó sin usarse, la vara hoy es más alta.
La comunicación pública también cuenta. En casos de violencia intrafamiliar, las víctimas necesitan claridad: qué hará Carabineros, qué pueden esperar, cómo se garantiza que el uso del dispositivo no agrave el riesgo. Del lado policial, tener reglas simples, medibles y verificables reduce la incertidumbre de quien decide en segundos y, a la vez, protege frente a sumarios y denuncias.
El piloto debería responder preguntas concretas: cuántas veces se activa el dispositivo, en qué condiciones, con qué resultado, qué lesiones se reportan, cuántas quejas llegan y cómo se resuelven. Sin métricas públicas, el ejercicio se vuelve un salto de fe y la discusión vuelve al terreno de las consignas.
El cruce entre seguridad y política no afloja. La acusación de presiones del FA y el PC evidencia tensiones dentro de la base de apoyo del Gobierno, mientras la oposición ve una oportunidad para marcar diferencias. Pero la cancha real está en la implementación: protocolos claros, supervisión independiente y transparencia de datos. Ahí se juega si el piloto abre paso a una adopción más amplia o queda como un gesto que no cambia nada en la calle.
Lo que viene: evaluación, costos y gobernanza
Por ahora, no hay una fecha pública para la evaluación del piloto ni criterios oficiales de éxito. Sí se sabe que la prueba arrancará en la Región Metropolitana y que el uso estará limitado a violencia intrafamiliar. Si el balance es positivo, el siguiente paso sería ampliar cobertura y dotación, con la discusión inevitable sobre presupuesto y estándares técnicos de nuevas compras.
Más allá de la coyuntura, el caso obliga a ordenar una política de uso de la fuerza con escalas nítidas: presencia, comunicación, control físico, medios no letales y letales. Los dispositivos eléctricos encajan ahí, no como solución mágica, sino como una herramienta más, con potencial y riesgos. Sin un marco de gobernanza —reglas, datos, supervisión, sanciones— la discusión seguirá atrapada entre la urgencia de la calle y la parálisis del trámite.
El piloto pondrá a prueba no solo un dispositivo, sino la capacidad del Estado para convertir una idea discutida por años en una práctica segura y verificable. Eso, más que la pelea de estas semanas, es lo que determinará si Chile aprendió algo de la primera compra que terminó en la bodega.
Escribir un comentario