Cuando Claudio Orrego, gobernador regional metropolitano presentó la rendición de cuentas de su campaña, el Servicio Electoral (Servel) devolvió $87 millones en gastos objetados, entre ellos $20,6 millones pagados a su administrador electoral, superando el tope legal.
El rechazo se hizo oficial el 19 de junio de 2025, después de que CIPER Chile accediera al expediente completo del organismo y publicara sus hallazgos. La medida afecta a la campaña de agosto‑noviembre de 2024 y pone en jaque la posibilidad de que el gobernador mantenga su posición tras una serie de procesos de destitución y una investigación penal en curso.
El Servel aprobó, con observaciones, la cuenta total de ingresos y gastos, permitiendo reembolsos por $1.103 millones, pero tachó de irregular el pago de $20,6 millones a José Andrés Wallis, administrador electoral, cuyo límite era de $13 millones. Además, detectó que trece funcionarios del Gobierno Regional Metropolitano (GORE) trabajaron simultáneamente en la campaña y en sus cargos públicos, cinco de los cuales emitieron boletas por servicios prestados.
Contexto y antecedentes
Orrego, independiente y ex‑alcalde de Santiago, busca la reelección en una región que concentra más del 30 % de la población del país. La normativa del Servel, reforzada en 2023, fija en $13 millones el máximo que puede pagar un candidato a su administrador electoral, con el objetivo de frenar gastos inflados.
En junio de 2024, la Contraloría General de la República abrió una causa por la contratación de un servicio de "coaching" electoral con fondos del GORE, lo que ya había puesto en marcha el proceso de destitución contra Orrego. El caso actual de la rendición de cuentas se inscribe dentro de ese mismo escenario de sospechas de mal uso de recursos públicos.
Detalle de la rendición rechazada
El Servel autorizó el pago de $792 millones para cancelar un crédito con Banco Estado y $311 millones por gastos de servicios no cubiertos por los ingresos de la campaña. Sin embargo, marcó como no aceptables $87 millones en conceptos que incluyen:
- $20,6 millones pagados a José Andrés Wallis, $7,6 millones por encima del límite.
- Gastos por honorarios de trece funcionarios del GORE que, según la investigación, emitieron boletas mientras mantenían contratos con la administración regional.
- Otros conceptos que el Servel consideró sin justificación documental suficiente.
La diferencia de $7,6 millones representa un exceso del 58 % sobre el tope permitido, una cifra que ha encendido la polémica entre opositores y analistas de la campaña electoral.
Reacciones de los involucrados
Ante el rechazo, el equipo de Orrego señaló que los funcionarios involucrados “utilizaron permisos debidamente tramitados o trabajaron fuera del horario laboral”. Añadieron que cinco de los trece habían renunciado al GORE y que los demás tomaron vacaciones para participar en la campaña.
«No vemos irregularidad alguna, pues todos los pagos se hicieron bajo la normativa interna del GORE», afirmó María Paz López, portavoz del gobernador.
Por su parte, el Servel explicó que su decisión se basa en la normativa vigente y en la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones entre los candidatos.
Implicaciones políticas y legales
La apelación presentada ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) fue admitida a tramitación en junio de 2025. El tribunal evaluará si los permisos y renuncias alegados por la campaña son suficientes para justificar los pagos rechazados.
Si el Tricel revierte la decisión del Servel, Orrego podría recuperar los $87 millones y consolidar su posición financiera de cara a la segunda vuelta. En caso contrario, la falta de reembolso podría debilitar aún más su campaña y alimentar los movilismos que ya abogan por su destitución.
El caso también abre la puerta a posibles sanciones por parte de la Contraloría, que ya investiga el uso de fondos del GORE para fines electorales. Una sanción administrativa o incluso penal podría descalificar al candidato y desencadenar una vacante en la gobernación.
Próximos pasos y expectativas
El Tricel tiene previsto emitir un fallo preliminar antes de finales de 2025. Mientras tanto, Orrego seguirá manteniendo su agenda de campaña, aunque los partidarios han notado una caída en la asistencia a los actos públicos, según encuestas de DataPol realizadas a inicios de julio.
Los analistas políticos advierten que la combinación de procesos judiciales y la presión de la opinión pública podría transformar la contienda electoral en una carrera por la supervivencia institucional más que por la popularidad del candidato.
Antecedentes de casos similares
El Servel ha objetado pagos excesivos en otras campañas regionales: la candidatura de Karina Oliva (2021) fue cuestionada por un pago de $15 millones a su asesor principal; los candidatos María José Hoffmann (UDI) y Macarena Santelices (Republicano) también recibieron observaciones que llegaron a cubrir el 100 % de sus reembolsos.
Estas situaciones indican una tendencia a una fiscalización más estricta por parte del Servel, que busca cerrar brechas y evitar que los recursos públicos se conviertan en armas de elección.
Preguntas frecuentes
¿Qué consecuencias lleva el rechazo de $20,6 millones a José Andrés Wallis?
El Servel consideró que el pago supera el límite legal de $13 millones, por lo que los $20,6 millones quedan fuera de los reembolsos autorizados. Si el Tricel mantiene la decisión, la campaña de Orrego perderá esos fondos y podrá enfrentar sanciones adicionales por uso indebido de recursos.
¿Cómo afecta la participación de funcionarios del GORE a la campaña?
Treinta y tres funcionarios del GORE trabajaron en la campaña. De ellos, trece estaban bajo contrato con la administración regional y cinco emitieron boletas por servicios electorales, lo que genera un posible conflicto de interés y podría interpretarse como uso indebido del tiempo de trabajo público.
¿Qué papel juega el Tricel en este proceso?
El Tribunal Calificador de Elecciones revisa la apelación de la campaña. Su fallo determinará si los pagos y gastos objeciones pueden ser revalidados o si deben permanecer rechazados, con efectos directos sobre la disponibilidad de fondos y la posible imposición de multas.
¿Existe alguna relación entre este caso y la investigación de la Contraloría?
Sí. La Contraloría ya detectó el uso de fondos del GORE para contratar un servicio de "coaching" electoral. Las irregularidades en la rendición de cuentas pueden fortalecer la causa de destitución y ampliar la esfera penal que ya está abierta contra Orrego.
¿Cuál es la percepción de los votantes ante estas controversias?
Encuestas de DataPol indican que la confianza en la gestión de Orrego ha caído un 12 % desde el anuncio del rechazo. Los electores están más críticos con la transparencia financiera y exigen respuestas claras antes de decidir su voto.
Comentarios
El Servel ha devuelto $87 millones tras objetar gastos que superan claramente el tope legal establecido, ¡y eso habla por sí mismo! En la rendición de cuentas de la campaña de Claudio Orrego se detectó que el administrador electoral percibió $20,6 millones, mucho más que los $13 millones permitidos. Ese exceso representa un 58 % por encima del límite, una cifra que, según la normativa de 2023, debería haber sido evitada con una planificación financiera más rigurosa. Además, trece funcionarios del GORE trabajaron simultáneamente en la campaña, lo que plantea dudas sobre la separación entre funciones públicas y partidarias. La Contraloría ya había abierto una causa por la contratación de un “coaching” electoral con fondos regionales, lo que evidencia un patrón de uso indebido de recursos. El Servel, al autorizar reembolsos de $1.103 millones, dejó constancia de que los $87 millones rechazados no cuentan con justificación documental suficiente. Este hecho no solo afecta la liquidez de la campaña, sino que también alimenta la percepción de falta de transparencia entre los electores. Las encuestas de DataPol muestran una caída del 12 % en la confianza ciudadana, un indicador que los candidatos deben tomar en serio. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisará la apelación, pero la carga de la prueba recae sobre la campaña para demostrar la legitimidad de esos pagos. Si el Tricel mantiene la decisión del Servel, Orrego perderá recursos críticos para la segunda vuelta, lo que podría traducirse en una ventaja para sus rivales. Por otro lado, una eventual revocación de la medida abriría la puerta a sanciones adicionales por parte de la Contraloría, incluida la posibilidad de una destitución. En este contexto, los partidos políticos deben reforzar sus protocolos internos para evitar la superposición de cargos y la emisión de boletas falsas. La sociedad civil también juega un rol importante, al exigir a los organismos electorales una fiscalización más rigurosa y pública. En conclusión, el caso de Orrego ilustra cómo el incumplimiento de límites de gasto puede desencadenar una serie de consecuencias legales y políticas. Es fundamental que los candidatos futuros internalicen estas lecciones para proteger la integridad del proceso democrático.