La Florida desaloja la Toma Dignidad: más de 500 familias en riesgo

Una madrugada de octubre quedó marcada por la llegada de cientos de unidades blindadas a un sector de La Florida que, desde hace tiempo, alberga a más de 500 familias en la llamada Toma Dignidad. La operación, que comenzó alrededor de la 1:40 a.m. del 9 de octubre de 2025, buscó desalojar a los ocupantes bajo el argumento de riesgo de aluviones.

El impulsor de la medida fue Daniel Reyes, Alcalde de La Florida, quien en un artículo de opinión publicado el 6 de octubre en BioBioChile declaró que no se permitiría que "usurpadores" se impusieran sobre el Estado de Derecho.

Contexto histórico y antecedentes

La raíz de la disputa se remonta al estallido social de 2019, que desencadenó una ola de ocupaciones de terrenos en todo el país. Desde entonces, la municipalidad de La Florida ha registrado un aumento constante de asentamientos informales, muchos de los cuales se han convertido en focos de tensión entre vecinos y autoridades.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre 2019 y 2024 se registraron más de 3 000 nuevas tomas de tierra en la Región Metropolitana, de las cuales cerca del 30 % fueron objeto de procesos de desalojo.

Desarrollo de la operación de desalojo

El Operación de desalojo de la Toma DignidadLa Florida, Región Metropolitana contó con la participación de entre 300 y 400 agentes de Carabineros de Chile, equipados con al menos tres vehículos blindados y unidades de apoyo logístico.

La zona de intervención se extiende desde "De las Viñas" hasta "El Zanjón", una franja de terreno pendiente donde la municipalidad había señalado la presencia de laderas inestables. Los inspectores municipales, acompañados por la policía, colocaron señales de advertencia y, según testimonios, izaron una bandera blanca como intento de establecer comunicación con los residentes.

• 300‑400 carabineros desplegados.
• 3 vehículos blindados en el acceso principal.
• Más de 500 familias afectadas.
• Riesgo de aluviones reportado por la Dirección de Protección Civil.

La periodista Sofía Carrizo, reportera de TVN Chile, estuvo presente y describió que la mayoría de los ocupantes ingresó al recinto, mientras que un grupo más pequeño permaneció fuera, negociando su salida.

Reacciones de los residentes y autoridades

Las respuestas dentro de la Toma Dignidad fueron dispares. Algunos vecinos comenzaron a empacar sus pertenencias, visiblemente aliviados por la posibilidad de una reubicación que, según la municipalidad, se gestionaría de forma "voluntaria y pacífica". Otros, sin embargo, levantaron voces de resistencia, proclamando "Nos vamos a resistir" frente a la presión policial.

El alcalde Reyes reiteró que la decisión fue tomada para proteger la vida de los residentes, apuntando que la zona presenta "alto riesgo de aluviones" que podría desencadenar deslizamientos mortales en temporada de lluvias. "No se puede vivir ahí. La seguridad es prioridad", aseguró en una conferencia de prensa transmitida por TVN Chile.

Por su parte, representantes de los ocupantes, que prefirieron mantenerse anónimos, alegaron que la falta de alternativas habitacionales los obliga a permanecer en la zona. "No tenemos a dónde ir. Nos han dejado sin techo y ahora nos dicen que nos mudemos sin garantías", comentó una mujer de 38 años, cuya identidad no se reveló.

Impacto social y riesgos de aluviones

El riesgo geotécnico señalado por la municipalidad no es infundado. Estudios de la Universidad de Chile publicados en 2023 mostraron que la ladera que delimita la Toma Dignidad tiene una pendiente del 35 % y suelos arcillosos, factores que incrementan la vulnerabilidad a deslizamientos durante fuertes precipitaciones.

Sin embargo, críticos argumentan que la medida punitiva podría agravar la situación de vulnerabilidad al desplazar a familias hacia áreas aún menos preparadas. Un informe de la ONG Fundación Ciudadanía y Derechos advierte que los desalojos sin un plan de reubicación integral pueden generar un aumento de la pobreza urbana y la marginalidad.

El Consejo de Defensa del Consumidor también solicitó a la municipalidad que garantice viviendas temporales y asistencia social antes de proceder con el desalojo definitivo.

Perspectivas y próximos pasos

La municipalidad de La Florida anunció que, durante los próximos días, se abrirá una línea directa de atención para gestionar la reubicación de los 500 hogares. Se espera la asignación de al menos 120 unidades habitacionales en barrios vecinos, aunque los residentes exigen una solución integral que incluya empleo y apoyo psicosocial.

Mientras tanto, la presencia de Carabineros de Chile se mantendrá en la zona para evitar incidentes y garantizar el orden público. Las organizaciones de derechos humanos siguen monitoreando la situación y han pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los desplazados.

En definitiva, lo que comenzó como una medida de seguridad podría desencadenar un nuevo debate sobre vivienda digna, urbanismo y la capacidad del Estado para atender a los sectores más vulnerables.