Una madrugada de octubre quedó marcada por la llegada de cientos de unidades blindadas a un sector de La Florida que, desde hace tiempo, alberga a más de 500 familias en la llamada Toma Dignidad. La operación, que comenzó alrededor de la 1:40 a.m. del 9 de octubre de 2025, buscó desalojar a los ocupantes bajo el argumento de riesgo de aluviones.
El impulsor de la medida fue Daniel Reyes, Alcalde de La Florida, quien en un artículo de opinión publicado el 6 de octubre en BioBioChile declaró que no se permitiría que "usurpadores" se impusieran sobre el Estado de Derecho.
Contexto histórico y antecedentes
La raíz de la disputa se remonta al estallido social de 2019, que desencadenó una ola de ocupaciones de terrenos en todo el país. Desde entonces, la municipalidad de La Florida ha registrado un aumento constante de asentamientos informales, muchos de los cuales se han convertido en focos de tensión entre vecinos y autoridades.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre 2019 y 2024 se registraron más de 3 000 nuevas tomas de tierra en la Región Metropolitana, de las cuales cerca del 30 % fueron objeto de procesos de desalojo.
Desarrollo de la operación de desalojo
El Operación de desalojo de la Toma DignidadLa Florida, Región Metropolitana contó con la participación de entre 300 y 400 agentes de Carabineros de Chile, equipados con al menos tres vehículos blindados y unidades de apoyo logístico.
La zona de intervención se extiende desde "De las Viñas" hasta "El Zanjón", una franja de terreno pendiente donde la municipalidad había señalado la presencia de laderas inestables. Los inspectores municipales, acompañados por la policía, colocaron señales de advertencia y, según testimonios, izaron una bandera blanca como intento de establecer comunicación con los residentes.
- 300‑400 carabineros desplegados.
- 3 vehículos blindados en el acceso principal.
- Más de 500 familias afectadas.
- Riesgo de aluviones reportado por la Dirección de Protección Civil.
La periodista Sofía Carrizo, reportera de TVN Chile, estuvo presente y describió que la mayoría de los ocupantes ingresó al recinto, mientras que un grupo más pequeño permaneció fuera, negociando su salida.
Reacciones de los residentes y autoridades
Las respuestas dentro de la Toma Dignidad fueron dispares. Algunos vecinos comenzaron a empacar sus pertenencias, visiblemente aliviados por la posibilidad de una reubicación que, según la municipalidad, se gestionaría de forma "voluntaria y pacífica". Otros, sin embargo, levantaron voces de resistencia, proclamando "Nos vamos a resistir" frente a la presión policial.
El alcalde Reyes reiteró que la decisión fue tomada para proteger la vida de los residentes, apuntando que la zona presenta "alto riesgo de aluviones" que podría desencadenar deslizamientos mortales en temporada de lluvias. "No se puede vivir ahí. La seguridad es prioridad", aseguró en una conferencia de prensa transmitida por TVN Chile.
Por su parte, representantes de los ocupantes, que prefirieron mantenerse anónimos, alegaron que la falta de alternativas habitacionales los obliga a permanecer en la zona. "No tenemos a dónde ir. Nos han dejado sin techo y ahora nos dicen que nos mudemos sin garantías", comentó una mujer de 38 años, cuya identidad no se reveló.
Impacto social y riesgos de aluviones
El riesgo geotécnico señalado por la municipalidad no es infundado. Estudios de la Universidad de Chile publicados en 2023 mostraron que la ladera que delimita la Toma Dignidad tiene una pendiente del 35 % y suelos arcillosos, factores que incrementan la vulnerabilidad a deslizamientos durante fuertes precipitaciones.
Sin embargo, críticos argumentan que la medida punitiva podría agravar la situación de vulnerabilidad al desplazar a familias hacia áreas aún menos preparadas. Un informe de la ONG Fundación Ciudadanía y Derechos advierte que los desalojos sin un plan de reubicación integral pueden generar un aumento de la pobreza urbana y la marginalidad.
El Consejo de Defensa del Consumidor también solicitó a la municipalidad que garantice viviendas temporales y asistencia social antes de proceder con el desalojo definitivo.
Perspectivas y próximos pasos
La municipalidad de La Florida anunció que, durante los próximos días, se abrirá una línea directa de atención para gestionar la reubicación de los 500 hogares. Se espera la asignación de al menos 120 unidades habitacionales en barrios vecinos, aunque los residentes exigen una solución integral que incluya empleo y apoyo psicosocial.
Mientras tanto, la presencia de Carabineros de Chile se mantendrá en la zona para evitar incidentes y garantizar el orden público. Las organizaciones de derechos humanos siguen monitoreando la situación y han pedido la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los desplazados.
En definitiva, lo que comenzó como una medida de seguridad podría desencadenar un nuevo debate sobre vivienda digna, urbanismo y la capacidad del Estado para atender a los sectores más vulnerables.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas familias están siendo desalojadas?
Según los informes de la municipalidad, más de 500 familias habitan la zona conocida como Toma Dignidad y están sujetas al desalojo ordenado por el alcalde Daniel Reyes.
¿Cuál es la razón principal del desalojo?
La autoridad municipal argumenta que el asentamiento está ubicado en una zona con alto riesgo de aluviones y deslizamientos, lo que pone en peligro la vida de los residentes.
¿Qué medidas de reubicación se han anunciado?
La municipalidad ha creado una línea directa para gestionar la reubicación y menciona la disponibilidad de alrededor de 120 unidades habitacionales en barrios cercanos, aunque la comunidad reclama una solución más integral.
¿Cómo ha respondido la sociedad civil?
Organizaciones como Fundación Ciudadanía y Derechos y el Consejo de Defensa del Consumidor han pedido garantías de vivienda digna y han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para supervisar el proceso.
¿Qué papel juegan los Carabineros en la operación?
Alrededor de 300‑400 Carabineros de Chile han sido desplegados con vehículos blindados para garantizar el orden y la seguridad durante el desalojo, según la cobertura de TVN Chile.
Comentarios
¡Basta de protestas, el alcalde está haciendo lo correcto!
Desde la sombra se cuecen los planes que nadie ve. Los carabineros no están ahí solo por la seguridad, hay intereses ocultos que buscan desplazar a la gente para vender tierras. El gobierno utiliza el miedo a los aluviones como excusa para limpiar el territorio y abrir paso a desarrollos inmobiliarios. No es casual que justo antes del proyecto de megapiscina se anuncie este operativo. Quizá la verdadera amenaza no es la ladera, sino la codicia de algunos funcionarios. Desconfía de lo que se dice en la tele, porque la verdad siempre está bajo capas.
Entiendo que la situación sea dura, pero siempre hay una salida. La municipalidad podría coordinar albergues temporales y apoyo psicológico. Además, las organizaciones vecinas están ofreciendo ropa y alimentos. Si nos unimos, podremos enfrentar este reto sin perder la dignidad.
Es clave que se busquen soluciones concretas: albergues, ayuda social y un plan claro de reubicación. La comunidad necesita saber a dónde ir y cuándo. Si el municipio no actúa, la gente se quedará sin opciones.
Los estudios indican que la zona tiene una pendiente del 35 % y suelos arcillosos lo que eleva el riesgo de aluviones durante lluvias intensas.
¡Qué tragedia! La gente se ve obligada a abandonar su hogar mientras los blindados rugen en las calles, como si la fuerza necesitara imponerse con espectáculos de metal.
La comunidad de Toma Dignidad ha vivido años de incertidumbre, pero aún conserva la esperanza de encontrar un lugar digno para habitar.
Los datos del Instituto de Geología indican que la ladera presenta una pendiente del 35 % y suelos altamente arcillosos.
Estos factores incrementan el riesgo de deslizamientos, sobre todo durante las lluvias intensas del invierno chileno.
Sin embargo, la respuesta del Estado debe ir más allá de la mera evacuación forzada.
Es fundamental que se garantice una reubicación integral, con acceso a vivienda, educación y oportunidades laborales.
Las ONG locales ya han elaborado un plan que incluye unidades habitacionales temporales y programas de inserción laboral.
El alcalde Reyes ha anunciado una línea directa, pero la comunidad aún exige transparencia en el proceso.
Los Carabineros, aunque cumplen su deber de seguridad, deben actuar con respeto a los derechos humanos.
La presencia de vehículos blindados genera temor y, en muchos casos, reaviva heridas del pasado.
Es necesario crear espacios de diálogo donde ambas partes puedan exponer sus argumentos sin violencia.
La Defensoría del Pueblo podría jugar un rol mediador, supervisando que se cumplan las normativas de vivienda digna.
En otras comunas del país, como La Pintana, se han implementado soluciones de reasentamiento exitosas que podrían servir de modelo.
La participación activa de los residentes en la planificación es clave para evitar errores estructurales.
Asimismo, se debe considerar el apoyo psicosocial para atender el trauma que genera el desplazamiento.
En definitiva, la seguridad física no debe sacrificar la seguridad emocional y el derecho a una vida digna.
El operativo se posiciona como una medida de mitigación de riesgo, sin embargo el esquema de reubicación permanece en fase conceptual, careciendo de parámetros de implementación claros.
En el marco de la normativa urbana, la ausencia de un plan integral vulnera los principios de protección social y genera externalidades negativas en la dinámica de asentamiento informal.
¡Qué fuerte todo esto! 😢 La gente merece más que promesas vacías.
Es importante que las autoridades no solo evacúen, sino que también ofrezcan acompañamiento psicológico y programas de inserción laboral para que las familias no pierdan su red de apoyo.
Como dice el refrán, “cuando el río suena, agua lleva”, y la presión social está echando buen polvo; no se quedarán callados.
Si bien la intención es loable, la realidad muestra que muchos programas de acompañamiento nunca salen del papel, dejándose a la población en un limbo burocrático.
Otro día, otra promesa política.
Según el informe de la Universidad de Chile (2023), la zona presenta una vulnerabilidad sísmica del 0,7 en la escala de deslizamiento; además, la normativa municipal exige un plan de evacuación que incluya al menos 120 viviendas temporales para cada 500 familias afectadas; sin embargo, la ejecución depende de recursos que el municipio aún no ha asignado; por ello, es crucial que la comunidad se organice y haga seguimiento a los compromisos anunciados; una manera eficaz de presionar es a través de la presentación de solicitudes formales ante la Contraloría y la Defensoría del Pueblo; también pueden buscar alianzas con organizaciones internacionales que tengan experiencia en reasentamiento de poblaciones vulnerables.
Gracias por la información, vamos a mantenernos informados y buscar apoyo entre vecinos 😊.
¡Claro, porque la burocracia siempre responde rápido cuando le lanzas formularios, ¿no?